El Poder Judicial también se transformó: victoria de MORENA y silencio de la oposición.

Por el Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca

Facilitador Privado Número 24

La elección reciente de ministros y jueces en todo el país ha marcado un parteaguas en la historia contemporánea de México. Con más de trece millones de votos emitidos a favor de las propuestas del partido en el poder, la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador consolida su influencia no solo en el Ejecutivo y el Legislativo, sino ahora también en el Poder Judicial. El gran ganador: MORENA. Los grandes ausentes: la oposición y el verdadero debate jurídico.

Este proceso electoral, a pesar de que solo alcanzó la participación de aproximadamente el veinte por ciento del padrón registrado ante el Instituto Nacional Electoral, fue suficiente para alcanzar el objetivo político trazado: someter al Poder Judicial a la voluntad del pueblo, tal como ha sido promovido desde Palacio Nacional. Aunque la legitimidad del número puede cuestionarse desde una perspectiva de participación democrática, el resultado es legal y contundente: los votantes decidieron, y lo hicieron a favor del partido en el poder.

Los sectores más vulnerables y necesitados de justicia —aquellos que habitan en zonas marginadas, las víctimas del crimen organizado, las madres buscadoras, los desplazados, los defraudados por empresas fantasma o funcionarios corruptos— han sido, por años, invisibles para una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha estado más ocupada en debates ideológicos y tecnicismos jurídicos que en garantizar el acceso efectivo a la justicia. La percepción de impunidad y corrupción no ha sido una simple narrativa opositora; es un clamor ciudadano que ha encontrado eco en quienes hoy promueven la reforma judicial.

Durante años, desde las altas esferas del Poder Judicial, se han emitido resoluciones que han devuelto el dinero público robado a políticos corruptos. Se han frenado investigaciones legítimas, se han debilitado fiscalías y se ha generado un sistema que parece proteger más a los poderosos que a los inocentes. Frente a esa realidad, la ciudadanía optó por dar un voto de confianza a la propuesta de transformación que implica renovar los órganos del poder que tradicionalmente han sido inmunes al cambio.

Un factor determinante en este proceso fueron las llamadas "listas" o "acordones" de votación. Para muchos, estas listas resultaron un recurso útil y necesario ante la imposibilidad real de conocer a cada uno de los candidatos. Incluso dentro del gremio de abogados, fue prácticamente imposible identificar, evaluar y comparar a todos los aspirantes. La figura de jueces y ministros no se construye en campañas mediáticas ni en redes sociales, por lo que el proceso requería un mecanismo ágil y funcional, aun si imperfecto. En ese contexto, las listas se convirtieron en una herramienta para facilitar el ejercicio del voto en medio de la incertidumbre sobre las trayectorias individuales.

Frente a esta contundente victoria de MORENA, la oposición política quedó exhibida en su incapacidad para ofrecer una alternativa real, legítima y propositiva. Más allá del discurso incendiario, la provocación y los constantes señalamientos sin fundamento, no hubo estrategia, ni propuestas, ni liderazgos capaces de conectar con el electorado. El resultado es un distanciamiento progresivo de la ciudadanía con los partidos opositores, que siguen atrapados en la nostalgia de sus viejas prácticas y en el desprestigio que ellos mismos ayudaron a construir.

Es claro que la transformación del país, al menos en lo formal, ha alcanzado ya a los tres poderes de la Unión. El Legislativo ha sido reformado, el Ejecutivo ha consolidado su liderazgo, y ahora el Judicial inicia un proceso de reconversión cuyo alcance aún está por verse. Lo que sí es evidente es que ya no existe ningún contrapeso político fuerte frente al proyecto de nación de la Cuarta Transformación.

La gran pregunta que queda en el aire es si esta victoria logrará traducirse en justicia verdadera, imparcial, cercana al pueblo y libre de intereses oscuros. Porque el riesgo también es grande: que el nuevo poder judicial no sea un poder al servicio de la ley, sino del partido. Que los jueces dejen de ser árbitros para convertirse en operadores políticos. Que la toga se ensucie de ideología en lugar de dignificarse con la ley.

Estamos ante un momento histórico que redefine el equilibrio institucional del país. La ciudadanía ha hablado, pero ahora le corresponde a los nuevos ministros, magistrados y jueces demostrar que no llegaron al cargo por obediencia partidista, sino por compromiso con la justicia. Porque la justicia no tiene partido, y cuando se le impone uno, deja de ser justicia.