Eduardo Zacarías Gómez Bustamante busca consolidar su trayectoria como Magistrado Civil Estatal en Chihuahua.

Con más de dos décadas de experiencia en el servicio público y una sólida formación académica, el juez Eduardo Zacarías Gómez Bustamante aspira a ocupar una Magistratura Civil Estatal dentro del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

Gómez Bustamante, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), es doctor en Derecho Judicial por el Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj). Además, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Panamericana y la Universidad Austral de Argentina, así como diversos diplomados en medios alternativos de solución de conflictos y juicio oral mercantil.

Durante más de 17 años ha trabajado en materias civil y mercantil, primero como Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil de Chihuahua y desde 2015 como Juez Tercero Civil por Audiencia. Su candidatura busca dar continuidad a esa trayectoria, ahora desde la Segunda Instancia.

Además de su labor jurisdiccional, Gómez Bustamante ha estado activo en la docencia y la formación judicial, impartiendo clases en su alma mater desde 2019, así como cursos en el Inforaj, la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib).

El juez aparece como la opción número 23 en la boleta rosa, correspondiente a la elección de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, en el apartado de Materia Civil.

Gómez Bustamante destaca que este proceso electoral es una oportunidad histórica para renovar y fortalecer el sistema judicial estatal. Invita a la ciudadanía a informarse sobre los perfiles disponibles y a ejercer un voto consciente. “Un proceso bien llevado puede tener efectos positivos directos en la paz social, la seguridad, la certidumbre jurídica e incluso en la inversión”, afirmó.

Asimismo, subraya la importancia de que quienes resulten electos cuenten con experiencia suficiente para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2027.